Una sentencia del Tribunal Supremo consolida el derecho de LALIGA a fijar partidos en lunes y viernes y cierra un largo litigio con la Real Federación Española de Fútbol, al confirmar que la organización de fechas y horarios corresponde en exclusiva a la asociación de clubes (Madrid, viernes 24 de octubre de 2025).
La resolución desestima el recurso de casación de la RFEF y mantiene la orden de cesación de las actuaciones dirigidas a impedir esa programación, con condena en costas para la federación. El Alto Tribunal precisa que la “coordinación” con la RFEF debe limitarse a evitar interferencias con otras competiciones y no implica autorización ni veto.
El Tribunal Supremo descarta que el artículo 6.1.c) del Real Decreto-ley 5/2015 o el artículo 28 del Real Decreto 1835/1991 habiliten a la RFEF para exigir contraprestaciones o condiciones para disputar encuentros los lunes y los viernes, al considerar que imponer requisitos de ese tipo constituye un acto de competencia desleal por obstaculización.
El conflicto se remonta a 2019, cuando la RFEF, bajo la presidencia de Luis Rubiales, comunicó que no autorizaba partidos en lunes y restringía los de viernes, lo que afectó durante varias temporadas a la planificación deportiva, a la comercialización audiovisual y a la experiencia de los aficionados en Madrid y en el resto del país.
En agosto de 2019, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid permitió cautelarmente los partidos de los viernes, pero no los de los lunes. En junio de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esas resoluciones y permitió ambos días, destacando que la RFEF carecía de potestad para impedirlo. El Consejo Superior de Deportes trató de mediar y en 2022 volvió a pronunciarse a favor de los encuentros en lunes y viernes. Con la sentencia actual, el Tribunal Supremo pone fin al conflicto institucional y jurídico.
LALIGA valora positivamente la decisión por reforzar la seguridad jurídica del fútbol profesional y recuerda que advirtió a la entonces presidencia y junta directiva de la RFEF de las consecuencias de obstaculizar el desarrollo de las competiciones. La entidad indica que la sentencia abre la vía para evaluar daños y perjuicios por la incertidumbre y pérdidas generadas a clubes y a la competición al limitar una herramienta para competir en igualdad, mantener y aumentar el valor de los derechos audiovisuales y beneficiar al conjunto del ecosistema del fútbol profesional.
