VOX El Puerto de Santa María ha denunciado el proceso relacionado con la finca 'El Madrugador' y ha reclamado la revocación de la desadscripción aprobada por la Diputación de Cádiz, al considerar que la operación responde a un reparto de intereses particulares que perjudica al patrimonio público.
La formación sostiene que la desadscripción de las instalaciones aprobada en el Pleno de la Diputación busca corregir un convenio suscrito con la Fundación Cádiz CF que, según afirma, fue firmado por personas que carecían de competencias jurídicas para comprometer el patrimonio provincial. El portavoz de VOX en El Puerto de Santa María, José Antonio Gomila, asegura que la medida adoptada constituye una maniobra para ocultar una actuación irregular en el origen del acuerdo.
Según VOX, la cancelación del contrato abre la posibilidad de que el Cádiz CF reclame una indemnización en la vía contencioso-administrativa. La formación considera que esta situación podría desembocar en un coste económico para las arcas públicas y sostiene que posteriormente se facilitaría una nueva adjudicación del complejo a la misma entidad.
Gomila ha señalado directamente a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, por la gestión de este procedimiento. El portavoz afirma que la operación permite, a su juicio, proteger responsabilidades políticas derivadas de la firma del convenio inicial.
La formación también atribuye un papel relevante al vicepresidente de la Diputación y alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo. Según VOX, existe una vinculación entre el futuro de 'El Madrugador' y el desarrollo urbanístico impulsado bajo la denominación Sport Tech en terrenos próximos al complejo. La organización sostiene que esos movimientos podrían desembocar en cambios en los usos del suelo y en una futura cesión de las instalaciones a una entidad privada.
Asimismo, VOX ha acusado al PSOE de haber facilitado la aprobación de la desadscripción patrimonial mediante su respaldo en el Pleno de la Diputación. La formación asegura que la medida no habría salido adelante sin los votos socialistas y cuestiona la posición mantenida públicamente por el partido respecto a esta operación.
En ese contexto, Gomila ha recordado que el desbloqueo político del complejo coincidió con la asignación de un salario al portavoz socialista en El Puerto de Santa María, Ángel González, cifrado en 43.000 euros brutos anuales. VOX reclama explicaciones sobre esa coincidencia temporal y sobre el respaldo del PSOE a la actuación relacionada con 'El Madrugador'.
El portavoz de VOX sostiene que los ciudadanos son los principales perjudicados por esta situación. Según ha indicado, en el complejo se invirtieron más de 17,5 millones de euros procedentes de subvenciones europeas y de fondos de la Diputación de Cádiz.
José Antonio Gomila ha afirmado que “la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha urdido una maniobra de distracción para lavar y tapar una ilegalidad manifiesta de la propia institución”. También ha asegurado que “es una jugada maestra para el sector privado: les llenamos los bolsillos con el dinero de todos los gaditanos por rescindir el acuerdo y, acto seguido, se prepara el terreno para volver a adjudicarles el complejo”.
Sobre el papel de Germán Beardo, el portavoz declaró que “asistimos a una humillante sumisión institucional donde el señor Beardo actúa directamente al servicio de los intereses particulares del ámbito del Cádiz CF”.
Respecto al PSOE, Gomila manifestó que “esta desadscripción patrimonial no habría salido adelante sin la complicidad activa del PSOE en el Pleno” y añadió que “el PSOE debe explicar por qué vuelve a colocarse del lado de una operación que perjudica al patrimonio público mientras su portavoz en El Puerto disfruta de un sueldo aprobado en plena negociación política sobre el futuro de 'El Madrugador'”.
VOX exige la revocación inmediata de la desadscripción, la paralización de las recalificaciones urbanísticas del entorno de 'El Madrugador' y la asunción de responsabilidades por parte de la presidenta de la Diputación y de los responsables de la gestión del expediente.
