La Diputación de Cádiz ha iniciado el proceso para que la Fundación para el Desarrollo del Deporte Cádiz CF abandone las instalaciones de El Madrugador tras la resolución del convenio firmado en febrero de 2024 entre el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico y la entidad vinculada al club cadista, según ha informado en las últimas horas Cádiz Información.
La medida llega en plena polémica política por la decisión de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, de delegar en el vicepresidente cuarto y alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, la gestión del futuro uso de estas instalaciones. Tanto La Línea 100x100, socio de gobierno del PP en la institución provincial, como PSOE e IU consideran que este movimiento beneficia al Cádiz CF y han mostrado su rechazo e indignación.
El convenio ahora resuelto contemplaba el desarrollo de una residencia turística deportiva orientada a la formación de jóvenes mediante cursos y actividades relacionadas con el deporte y la alimentación saludable. El acuerdo tenía una duración inicial de cuatro años, aunque no ha alcanzado ni la mitad de ese periodo.
La decisión del IEDT llega después de la desascripción de la finca aprobada en julio de 2025 y de la derogación de la ordenanza de uso de El Madrugador, circunstancias que obligan a dejar sin efecto el convenio existente.
Dicho medio también explica que la Fundación para el Desarrollo del Deporte Cádiz CF presentó alegaciones y un recurso de reposición para tratar de frenar la resolución del acuerdo, aunque ambos han sido rechazados.
La entidad vinculada al Cádiz CF también defendió que la liquidación del convenio debía incluir una indemnización por actuaciones y gastos asumidos durante su permanencia en las instalaciones.
Sin embargo, el IEDT sostiene que dichas actuaciones no han sido comunicadas ni acreditadas documentalmente. Además, la institución provincial asegura que la ocupación de las instalaciones arroja un saldo favorable a la Diputación superior a 200.000 euros.
Finalmente, el organismo provincial ha aprobado la liquidación del convenio sin reconocimiento de obligaciones económicas entre ambas partes.
