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La Plataforma 1910 convoca una protesta a la hora de la JGA del Cádiz y expone sus razones

La Plataforma 1910 ha difundido un vídeo en redes sociales en el que convoca una concentración este viernes coincidiendo con la Junta General de Accionistas del Cádiz CF, prevista a las 10:00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla, y en el que expone los motivos por los que considera que en esa cita “se puede consumar un atropello muy grave contra los intereses de nuestro Cádiz”.

El vídeo comienza con un mensaje en el que el colectivo asegura que “el viernes nos jugamos mucho” y anuncia que estará “en la puerta del estadio” para protestar contra las decisiones que se someterán a votación en la Junta. La plataforma cierra ese llamamiento con el mensaje “Fuera del Cádiz. Únete” y afirma que “hay que echarlos antes de que sea demasiado tarde”.

A lo largo de la pieza audiovisual, Plataforma 1910 desarrolla una cronología relacionada con las remuneraciones del Consejo de Administración y con la ampliación de capital aprobada por el Cádiz CF en diciembre de 2020 por valor de 3.000.000 euros.

Según expone el colectivo en el vídeo, la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de diciembre de 2020 fijó los sueldos del Consejo de Administración junto a la ampliación de capital. Posteriormente, sitúan el 14 de septiembre de 2022 como la fecha de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Cádiz que declaró nula la remuneración máxima del Consejo de Administración.

La plataforma también menciona una sentencia posterior de la Audiencia Provincial de Cádiz fechada el 7 de julio de 2025. Según sostiene el colectivo en el vídeo, esa resolución declaró nula la ampliación de capital, así como las percepciones y remuneraciones máximas aprobadas.

Plataforma 1910 afirma en la grabación que las sentencias obligaban a los miembros del Consejo de Administración a devolver al Cádiz CF SAD todas las percepciones salariales cobradas desde diciembre de 2020. Del mismo modo, sostiene que el club debía deshacer la ampliación de capital y devolver los 3 millones de euros a los accionistas que acudieron a la operación.

El vídeo añade que los gestores del Cádiz CF recurrieron al Tribunal Supremo y, posteriormente, plantearon “una estrategia alternativa” mediante la convocatoria de una nueva Junta General de Accionistas.

Según denuncia la plataforma en la pieza difundida, en esta nueva Junta se pretende volver a aprobar los sueldos del Consejo de Administración “a pesar de las sentencias”, incluyendo una remuneración “por una función que no debería ser remunerada”, incluso “aunque el club abandone la LFP”.

El colectivo también sostiene en el vídeo que se pretende aprobar nuevamente una ampliación de capital por el mismo importe de 3 millones de euros.

En otra de las imágenes difundidas se asegura que, entre los ejercicios 2021 y 2025, el Consejo de Administración habría percibido 3.834.946 euros. Plataforma 1910 afirma que, tras las sentencias, “los consejeros deberían haber devuelto todas las remuneraciones indebidamente percibidas según el artículo de los estatutos aprobado en 2020 y declarado nulo”.

Respecto a la ampliación de capital, la plataforma sostiene en el vídeo que “se va a ampliar el capital social sin aportar un solo euro” al compensarse con la ampliación aprobada en 2020.

Otra de las críticas expuestas en la grabación se centra en la fijación de una prima de 1,40 euros por acción. Según aparece en las imágenes difundidas, “en 2020 cada acción estaba valorada en 1 euro y ahora valdrá 2,40 euros”. También se afirma que “los fondos propios crecieron artificialmente en 4,2 millones de euros vía reservas”, aunque añade que dichas reservas estaban “en -5 millones de euros”.

Plataforma 1910 sostiene en el vídeo que esta operación “diluye el viejo accionariado y aumenta el nuevo, con Vizcaíno y Contreras a la cabeza”.

La pieza audiovisual concluye con otro mensaje en el que el colectivo afirma que “no van a devolver lo que nunca debieron cobrar y van a ponerse sueldos superiores a la mayoría de los futbolistas en plantilla”. También denuncia que “han limitado el acceso a los accionistas minoritarios, amenazando a cualquiera que revele información de esta Junta General”.

 

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