Desde el 7 de junio de 2025 está prohibido en toda España que las empresas realicen llamadas comerciales desde números móviles. La entrada en vigor de esta medida marca un cambio en el marco legal para las comunicaciones de marketing telefónico y responde a un esfuerzo del Gobierno por frenar el uso de estos canales en fraudes como el 'phishing' o la suplantación de identidad. A partir de ahora, cualquier llamada de carácter comercial deberá realizarse únicamente desde líneas fijas con numeración geográfica, números especiales como el 1004 o teléfonos gratuitos que empiecen por 800 o 900.

La restricción está recogida en la Orden TDF/149/2025, publicada el 15 de febrero de 2025 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Desde entonces, se estableció un periodo de adaptación para que las operadoras ajustaran sus sistemas. El objetivo del nuevo reglamento es ofrecer a los consumidores un entorno más seguro, donde sea posible identificar el origen de las llamadas con mayor claridad y prevenir estafas telefónicas. Por ejemplo, la compañía Digi modificó su número de atención al cliente, pasando del 642 642 642 a un número fijo: el 919 120 120.

Las empresas que incumplan esta nueva normativa podrán enfrentarse a sanciones económicas por infracción grave según lo estipulado en la Ley General de Telecomunicaciones. Las multas pueden alcanzar hasta dos millones de euros o el 4 por ciento de la facturación anual de la empresa, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Las nuevas normas también obligan a las operadoras a bloquear automáticamente las llamadas y mensajes SMS que provengan de numeraciones no atribuidas. Esto incluye aquellos números que no estén adjudicados a un cliente, servicio u operador autorizado, como los que comienzan por los prefijos 3 o 4. Esta obligación entró en vigor el 7 de marzo de 2025. Desde entonces, se ha registrado un promedio diario de 235.600 llamadas y 10.000 mensajes SMS bloqueados, acumulando un total superior a 14 millones de llamadas y más de 800.000 mensajes interceptados en apenas dos meses.

El Gobierno ha añadido otra medida orientada a combatir las suplantaciones: el bloqueo de llamadas y mensajes SMS internacionales que aparenten proceder de números nacionales. Esta práctica, una de las más frecuentes en intentos de fraude, queda ahora restringida a clientes que se encuentren en roaming. Para el resto de casos, las operadoras deben impedir que estas comunicaciones lleguen a los usuarios españoles.

En este contexto, el ejecutivo también ha iniciado la implementación de un sistema para mejorar el control sobre los identificadores en mensajes. Se trata de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como alias en los SMS. Su puesta en funcionamiento está prevista para el 7 de junio de 2026, quince meses después de la publicación oficial de la orden en el Boletín Oficial del Estado. Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la complejidad técnica del sistema ha llevado a establecer ese plazo. La base de datos será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y permitirá registrar y verificar los remitentes. Su finalidad es proteger la identidad de las entidades legítimas y detectar intentos de suplantación.

La normativa refuerza lo establecido desde junio de 2023, cuando se prohibieron las llamadas comerciales sin consentimiento previo, dentro de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones. No obstante, el Ejecutivo detectó que muchas empresas continuaban recurriendo a esta práctica, alegando que los usuarios eran antiguos clientes o que no habían retirado su consentimiento. La obligatoriedad de emplear prefijos específicos para llamadas comerciales elimina estas ambigüedades y permitirá a las operadoras identificar y bloquear automáticamente cualquier llamada que no cumpla con los requisitos.

En paralelo, se ha habilitado un marco para que los teléfonos puedan identificar con claridad cuándo una llamada tiene fines comerciales. La nueva regulación afecta también a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y permite que los terminales móviles muestren al usuario una advertencia cuando se recibe una llamada comercial desde una numeración asignada específicamente a ese propósito.

Desde el ámbito empresarial, Carlos Jiménez, director de ventas de Enreach Spain, declaró que “las empresas que incumplan la ley pueden enfrentarse a sanciones de hasta dos millones de euros o al 4 por ciento de su facturación anual”. Según Jiménez, la entrada en vigor de estas normas supone “un punto de inflexión en la estrategia de comunicación de las empresas” ya que “obliga a revisar los sistemas de numeración y acelera la transición hacia modelos de comunicación más transparentes, seguros y diversificados”.

Jiménez subrayó que para garantizar el cumplimiento de esta legislación, “los operadores bloquearán automáticamente las llamadas comerciales que se realicen desde números móviles, no autorizados o con identificadores incorrectos”. También indicó que “la nueva normativa obliga a registrar previamente los alias utilizados como remitentes en SMS comerciales en la base de datos de la CNMC, garantizando su autenticidad y evitando la suplantación de identidad”.

Respecto a la persistencia del uso de llamadas comerciales pese a su prohibición anterior, Jiménez apuntó que “muchas empresas siguen recurriendo a las llamadas comerciales porque ofrecen una interacción directa y personal que puede resultar más inmediata y efectiva para ciertos tipos de contacto”. No obstante, recomendó adoptar estrategias de comunicación “menos invasivas, más personalizadas y en línea con las preferencias reales del cliente”.

La ciudadanía dispone de varios mecanismos para evitar las llamadas no deseadas. Entre ellos se encuentran la inscripción en la Lista Robinson, que permite a los usuarios indicar que no desean recibir publicidad, y la revocación del consentimiento otorgado previamente a las empresas. También se pueden bloquear números concretos desde los dispositivos móviles y activar filtros de spam que ayudan a detectar llamadas sospechosas.

En caso de recibir una llamada ilegal desde un número móvil o sin consentimiento, se recomienda no proporcionar datos personales ni financieros, bloquear el número, y recopilar pruebas como capturas de pantalla o grabaciones, las cuales son legales si se es parte de la conversación. Las denuncias pueden presentarse ante la Agencia Española de Protección de Datos, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o la Policía Nacional si se sospecha de fraude o suplantación.

Las autoridades afirman que estas medidas buscan restaurar la confianza de los usuarios en los canales de comunicación y dificultar el uso fraudulento de la telefonía móvil en campañas comerciales no autorizadas. Según Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, “en los dos primeros meses desde la entrada en vigor de este plan, los operadores ya han bloqueado 14 millones de llamadas con intenciones fraudulentas”. El ministro añadió que “desde el Gobierno hemos abordado un problema que era exponencial. Estos datos demuestran que las medidas funcionan, mejoramos la protección de la ciudadanía y les damos herramientas para mejorar su seguridad”.

El último paso previsto dentro del plan ministerial es la entrada en vigor de la base de datos alfanumérica de remitentes, programada para el 7 de junio de 2026. Esta herramienta busca asegurar la autenticidad de las comunicaciones empresariales y administrativas, y completar el marco normativo que ya ha comenzado a aplicarse.